Morir por intentar calentarse con una vela. Como en la posguerra, como en Las cenizas de Ángela, como si, la realidad, tozuda, se empeñase en recordarnos que no, que la crisis no se ha acabado, y que ya está bien de mentiras.
La muerte de Rosa fue un puñetazo en la mesa, un aviso: hay miles de familias que no pueden pagar la luz o que, para pagarla, dejan de comer. El caso de Reus no debió suceder. Había un protocolo para evitar los cortes de luz a las familias sin recursos. No funcionó. No es el único caso.
La Comunidad de Madrid también tiene un protocolo. Y tampoco funciona. Cristina Cifuentes firmó un acuerdo con gran pompa con las compañías energéticas hace poco más de un año, en diciembre de 2015, a pocos días de las elecciones. De las primeras.
'La Comunidad de Madrid y las compañías eléctricas formalizan su 'lucha' contra la pobreza energética' tituló El Mundo. Qué buena es Cifuentes. Qué buenas son las eléctricas. El acuerdo era simplísimo. Pagar la luz y el gas a quienes no pudieran hacerlo. Los beneficiarios deberían contar con un informe de servicios sociales que avale su falta de recursos.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la normativa el 19 de enero, en mitad del invierno, con una dotación económica de un millón de euros. Un uno con sus seis ceros.
Pese a que los centros de servicios sociales presentaron sus informes pidiendo el pago de facturas, la iniciativa fue un desastre absoluto. Casi no se dieron ayudas, el 75% de las solicitudes "no cumplían los requisitos" para recibirlas. Pese a tener el preceptivo informe de los servicios sociales. Y pese a que los datos dicen que la crisis ha agravado la desigualdad.
En mayo de este año el gobierno autonómico se vio obligado a modificar el reglamento. Ha dado igual, el sistema sigue sin funcionar. A día de hoy, muchas familias siguen sin recibir el pago de las facturas que no pueden afrontar.
Es más, según relatan varias trabajadoras sociales, en estos 7 meses, las compañías eléctricas han seguido mandando cartas y haciendo llamadas con amenazas de corte de suministro a esas familias sin recursos. Cartas como esta.
En mayo de este año el gobierno autonómico se vio obligado a modificar el reglamento. Ha dado igual, el sistema sigue sin funcionar. A día de hoy, muchas familias siguen sin recibir el pago de las facturas que no pueden afrontar.
Es más, según relatan varias trabajadoras sociales, en estos 7 meses, las compañías eléctricas han seguido mandando cartas y haciendo llamadas con amenazas de corte de suministro a esas familias sin recursos. Cartas como esta.
La consecuencia de esas amenazas es que hay familias que, para evitar el corte, han seguido pagando pese a no tener recursos. Pese a toda la propaganda, la elección sobre la mesa de muchos españoles es la misma que el invierno pasado: comer o pagar la luz. Los que han elegido comer, han visto cómo su compañía les cortaba la luz.
Como en tantas otras cosas los políticos han conseguido ponerse bajo los focos pero no han arreglado el problema. Han logrado titulares pero no han mejorado las vida de los ciudadanos.
Hoy el foco ha vuelto a encenderse, esta vez en el Congreso. Con un pacto que, una vez más, llega sin contar con todos los partidos. Esta tarde el foco se encenderá pero en la calle, hay una manifestación contra la pobreza energética convocada por Podemos.
Hoy el foco ha vuelto a encenderse, esta vez en el Congreso. Con un pacto que, una vez más, llega sin contar con todos los partidos. Esta tarde el foco se encenderá pero en la calle, hay una manifestación contra la pobreza energética convocada por Podemos.
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